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Torrelavega - Protección Civil Servicio Municipal de Protección Civil del Ayuntamiento de Torrelavega

Conceptos Generales

La Protección Civil es un servicio público que se orienta al estudio y prevención de aquellas situaciones que supongan un grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública en las que pueden peligrar la vida e integridad física de las personas, y a la protección y socorro de éstas y sus bienes en los casos en que dichas situaciones se produzcan.

La trascendencia e importancia de los valores que están en juego exige poner a su servicio los recursos humanos y materiales pertenecientes a las Administraciones Públicas Civiles y Militares, así como de Organismos Públicos y de las Entidades Privadas.

La ciudadanía participa en la Protección Civil mediante el cumplimiento de sus deberes de obligado cumplimiento y la prestación de su colaboración voluntaria, que se canaliza a través de la institución del Voluntariado de Protección Civil.

Actuaciones en materia de Protección Civil

Previsión:
Descripción de los posibles riesgos y las zonas que pueden resultar afectadas.
Prevención:
Estudio de las medidas para intentar paliar los riesgos identificados.
Planificación:
Elaboración de los Planes de Protección Civil ante las emergencias.
Intervención:
Actuación para proteger y socorrer a las personas y los bienes afectados.
Rehabilitación:
Reconstrucción de los servicios e infraestructuras públicas esenciales.
Formación:
Capacitación de los servicios de emergencia y entidades participantes.
Información a la población:
Información a la población sobre los riesgos que pueden afectarles y el comportamiento a adoptar en las situaciones de emergencia.
esquema de las actuaciones en materia de Protección Civil

Derechos y Deberes

Derechos de la ciudadanía

La Ley 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria regula los derechos de la ciudadanía.

Todos los ciudadanos, bien directamente, bien a través de organizaciones y asociaciones legalmente reconocidas, tienen derecho a participar en el procedimiento de elaboración de los Planes de Protección Civil, en el que existirá un trámite de información pública, cuya duración no será inferior a veinte días hábiles.

Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir información veraz, clara y precisa sobre los riesgos que puedan afectarles, las causas y consecuencias de los mismos, las acciones públicas previstas para hacerles frente y las medidas de seguridad a adoptar o las conductas a seguir. En caso de catástrofe o calamidad consumadas, los poderes públicos asegurarán este derecho en la medida en que la situación lo permita.

De conformidad con lo dispuesto en las leyes, todos los ciudadanos tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios que sufran en sus bienes y derechos que sean consecuencia de las destrucciones, requisas,ocupaciones temporales e intervenciones que se acuerden en aplicación de lo dispuesto en la Ley 1/2007 de Cantabria.

Deberes de la ciudadanía

La Ley 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria establece los deberes de la ciudadanía.

Todos los ciudadanos están obligados a obedecer las órdenes e instrucciones impartidas por las autoridades competentes en materia de Protección Civil. En el caso de los menores de edad, serán responsables del cumplimiento de dicho deber los padres, tutores o quienes ostenten la guarda de hecho o de derecho de aquellos.

Todos los ciudadanos están obligados a realizar las prácticas y simulaciones que las autoridades competentes dispongan con carácter imperativo.

Todos los ciudadanos mayores de edad están obligados a adoptar las medidas que dispongan las autoridades competentes en materia de prevención y protección de sus bienes y derechos, de sus personas y de las que están a su cargo.

Todos los ciudadanos mayores de edad están obligados a colaborar en acciones operativas de Protección Civil cada vez que sean requeridos para ello y sin derecho a indemnización por esta causa. El requerimiento de intervención operativa deberá valorar, en la medida de lo posible, las circunstancias físicas y de cualquier otra índole de las personas requeridas y ser adecuado a las mismas.

Todos los ciudadanos mayores de edad están obligados a atender de inmediato las órdenes de destrucción o requisa impartidas por las autoridades competentes, y a facilitar las ocupaciones e intervenciones temporales de locales, industrias, establecimientos y propiedades.

La estancia accidental o temporal o la residencia de hecho en algún municipio del territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria no es causa de exención del cumplimiento de las obligaciones mencionadas.

Deberes de las entidades públicas y privadas relacionadas con la seguridad de las personas y los bienes

La Ley 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria establece los deberes de las entidades públicas y privadas relacionadas con la seguridad de las personas y los bienes.

Las entidades públicas y privadas, cuya actividad esté relacionada con la seguridad de las personas y de los bienes, están especialmente obligadas a colaborar en situaciones de emergencia, grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, a requerimiento de las autoridades competentes. Idéntica obligación recae sobre los servicios sanitarios y de extinción de incendios de todas las empresas públicas y privadas radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como sobre los servicios de mantenimiento, conservación y suministro de telecomunicaciones, agua, gas y electricidad. El cumplimiento de tales deberes no genera derecho a compensación alguna, salvo que proceda de conformidad con lo dispuesto en las leyes.

Las entidades referidas en este apartado deberán suministrar información a la Consejería competente en materia de Protección Civil acerca de su dotación de personal, medios técnicos y, en general, de todos aquellos aspectos relacionados con la prestación de sus servicios en situaciones de emergencia.

Deberes de las actividades generadoras de riesgos

La Ley 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria establece los deberes de las actividades generadoras de riesgos.

Las personas, entidades, empresas y organismos que realizan actividades que puedan generar situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, así como los centros e instalaciones que puedan resultar especialmente afectados por las mismas, están obligados a adoptar las medidas especificas de autoprotección que se determinen y a mantener los medios personales y materiales necesarios para hacer frente con eficacia a dichas situaciones. En particular, deberán elaborar Planes de Autoprotección de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Cantabria 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria y demás normativa aplicable.

Deberes de los medios de comunicación social

La Ley 1/2007, de 1 de marzo, de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Cantabria establece los deberes de los medios de comunicación social.

En caso de emergencia, grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, todos los medios de comunicación social están obligados a transmitir gratuitamente las informaciones, avisos e instrucciones dirigidas a la población que les remita la autoridad competente. La transmisión será fiel, integra, prioritaria y, si se requiere, inmediata con indicación en todo caso de la autoridad de procedencia.

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